Los dos grandes finalistas para el cargo de fiscal general son Sánchez Melgar y Colmenero

Los dos grandes candidatos a sustituir a José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General del Estado son Sánchez Melgar y Colmenero. El primero, el autor de la doctrina Parot y máximo defensor de este sistema de cálculo de las condenas a los etarras. El segundo, protagonista de excepción de la sentencia contra Baltasar Garzón y ponente del caso de los ERE.

Julián Sánchez Melgar, palentino y de perfil conservador, puede ser, así, el nuevo encargado de mantener la acusación pública contra los golpistas en uno de los momentos más delicados para el Estado de derecho en España.

Sánchez Melgar es en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo. Se trata de uno de los jueces de mayor prestigio de España y en su entrada en esta recta final de la selección al cargo de fiscal general ha contado con el visto bueno de Carlos Lesmes –actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo– y del propio presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.

La posición de este nuevo cargo, que se designará hoy, podría ser decisiva en la acusación contra los golpistas. Desde Carme Forcadell, hasta sus ex compañeros de la Mesa del Parlament y algunos de los exconsellers, ya han planteado la salida de prisión en base al supuesto compromiso de no volver a actuar en contra de la Constitución. En medio de ese planteamiento, el nuevo fiscal general deberá decidir si mantiene las peticiones de prisión o no frente a los golpistas.

Sánchez Melgar se convirtió en jurista de referencia en la lucha contra el terrorismo en uno de los momentos más delicados del combate contra ETA. De hecho, marcó un antes y un después en el cómputo de las condenas de los etarras: fue el autor de la conocida desde entonces como Doctrina Parot. Esta doctrina se fijó en la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006. El ponente era, precisamente, Sánchez Melgar. Y debía responder a un recurso presentado por el asesino múltiple Henri Parot. Parot no era un cualquiera entre los terroristas de ETA. Su historial asesino era difícilmente igualable: miembro de la organización terrorista ETA, fue protagonista de excepción del comando itinerante Argala, donde se hizo merecedor de 26 sentencias condenatorias, 4.800 años de prisión, y nada menos que 82 asesinatos.

Pero Henri Parot había conseguido, tras su paso en prisión, toda una colección de beneficios penitenciarios que amenazaba con su puesta en libertad tras sólo 16 años de estancia en la cárcel. Sánchez Melgar, consciente de la enorme injusticia que implicaba ese cálculo justificó penalmente otra mecánica. La de restar desde los beneficios penitenciarios desde la suma de condenas máxima. Porque, como él argumentó, “no se puede tratar igual al autor de un asesinato que al de 200”. Así nació la Doctrina Parot que fue tumbada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012.

Pero Sánchez Melgar no dejó de argumentar a favor de la doctrina ni cuando la condenó el Tribunal de Estrasburgo en el caso de la etarra Inés del Río. Hay “algo que es sustancial con la justicia material, y lo es que no puede igualarse en su cumplimiento al autor de un solo asesinato que el seriado delincuente de 20 o más muertes a sus espaldas”, afirmó en aquel momento Sánchez Melgar. “¿Por qué van a ser iguales los autores de uno y de doscientos delitos? ¿Eso es justo? No.

Miguel Colmenero es el otro gran candidato al cargo de fiscal general del Estado. Es magistrado del Tribunal Supremo y, a la vez, uno de los perfiles más respetados del mundo fiscal. Fuentes del Alto Tribunal, de la Fiscalía y del Poder Judicial, apuntaron desde el primer momento las grandes posibilidades de que Colmenero fuese el sustituto de José Manuel Maza.

Con preparación y experiencia probadas, de perfil conservador, Colmenero mantiene ciertos parecidos de edad y ascendencia con su predecesor. De 65 años, procede de la carrera fiscal. Compitió con Marchena para presidir la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Como magistrado del Supremo, formó parte del tribunal que condenó al juez Baltasar Garzón y ha sido ponente del caso de los ERE.

Compartió y apoyó la decisión del Tribunal Supremo (TS) de condenar al Juez Batasar Garzón a 11 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales. Los hechos eran contundentes: ordenó la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión de los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados, cuestión que violaba su derecho a la defensa y que resultaba totalmente ilegal.

Su relación con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es muy buena y es una de las personas con mayor contacto personal con el conjunto de los fiscales españoles.

A partir de ahora podría tener que sumar a su curriculum el hecho de mantener la acusación pública contra los golpistas en uno de los momentos más delicados para el estado de derecho y la Constitución en España.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, es otro de los nombres que han sonado en las quinielas al cargo de fiscal general del Estado. Nacido en Tenerife, ingresó en la carrera judicial a través del tercer turno, ostenta la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y proviene de la rama jurídico militar.